Resumen: La SAN desestimó la demanda formulada por RYANAIR en procedimiento de impugnación de actos administrativos y mantuvo la validez de la resolución administrativa impugnada de 8-8-2020 de la Ministra de Trabajo y Economía Social que estimó el recurso de alzada interpuesto por los sindicatos contra la resolución anterior que había constatado la existencia de fuerza mayor derivada de efectos del COVID 19 respecto de trabajadores despedidos, cuyo despido fue declarado nulo con obligación de readmisión y abono de salarios de tramitación. La Sala actuó de conformidad con lo previsto en el artículo 92.1 LRJS respecto a la limitación del número de testigos cuando sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, confirmando la limitación de las preguntas. En los supuestos de fuerza mayor ligados al COVID 19, el artículo 22 RDL 8/2020 ha mantenido la necesidad de que la autoridad laboral constate la exigencia de fuerza mayor y ha establecido algunas especialidades en la suspensión temporal de contratos, razonando que la documentación acreditativa a la vinculación de la pérdida de actividad debe incluir la relación de trabajadores afectados. ERTE considerado fraudulento por incumplir los términos de la sentencia firme del despido colectivo. Inexistencia de indefensión. Inexistencia fuerza mayor respecto de tales trabajadores. Fraude de ley que contamina toda la solicitud y el ERTE subsiguiente. Se confirma la SAN.
Resumen: La regla general es la suspensión mediante la aportación de aval bancario, mientras que los demás supuestos constituyen excepciones cuya aplicación requiere demostrar la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación, la imposibilidad de aportar aval, la suficiencia de las otras garantías ofrecidas y, en su caso, la imposibilidad de aportar garantía alguna. Lo procedente no es que el TEAR hubiera inadmitido la solicitud, sino que se debía haber pronunciado estimándola o desestimándola, valorando las alegaciones y documentos aportados, ya que el recurrente alegó unos errores aritméticos y perjuicios, y aportó una serie de documentos tendentes a justificar tal pretensión, consistente en documentación contable y facturas, y si el TEAR consideraba que con los documentos aportados no se justificaban los errores y daños o perjuicios de imposible o difícil reparación, lo procedente hubiera sido desestimar la pretensión de suspensión, pero no la inadmisión.
Resumen: en los supuestos de solicitud de el beneficio justicia gratuita es necesario comunicar la solicitud para poder suspender el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo. En este supuesto la sentencia considera queNo consta que dentro del plazo que fija el artículo 46.1 de la L.J.C.A se anunciara la intención de recurrir y se solicitará la suspensión del plazo para formular demanda, acompañando la solicitud de asistencia jurídica gratuita; en ese caso si que procedería la suspensión del plazo. Pero, conforme a lo expuesto, no se puede hablar de la suspensión de un plazo que ya ha transcurrido con creces.
